Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto, Abogados Litigantes

¿Juicio de amparo contra particulares?
lunes 10 junio, 2013

El juicio de amparo es el medio de defensa extraordinario que tienen los gobernados en contra de actos provenientes del Estado, cuando éste violenta los derechos humanos tutelados por nuestra Constitución -vigente a partir del 04 de octubre del 2011- y desde su origen -que tuvo lugar en 1841- hasta el día de hoy, la normatividad que lo regula establece que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo: la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado.
¿Juicio de amparo contra particulares?

No obstante lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha sostenido que aunado a dichas características, le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo a aquel ente o persona que tenga facultad legal para emitir o realizar actos de manera unilateral, a través de los cuales afecte la esfera jurídica del gobernado sin requerir de la voluntad o aún en contra de ella, es decir, aquella que ejerza una facultad supra a subordinación con el particular; consideraciones que se encuentran razonadas en las tesis de rubros: “SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN, GUANAJUATO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LIMITA O SUSPENDE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS.”, “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO, SI AL RESOLVER UNA QUEJA PROMOVIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO DA TRÁMITE AL RECURSO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.” y “AUTORIDAD RESPONSABLE. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN TIENE ESE CARÁCTER CUANDO IMPIDE U OBSTACULIZA AL PARTICULAR OBTENER LA CALIDAD DE ALUMNO.” Entre otras.

Contrario a ello, aunque pudiera parecer que todo ente que integra la administración pública –federal, estatal o municipal- realiza actos de autoridad para efectos del amparo, la Corte ha determinado que existen actos realizados sin que éstas ejerzan una facultad supra a subordinación con el particular; consideraciones que se encuentran razonadas en la tesis de rubro: “AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.”, y la diversa de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.”

Ahora bien, desde la publicación de la nueva y renovada Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 02 de abril de 2013, han surgido una serie de incógnitas alrededor del tema autoridad responsable para efectos del amparo, que si bien fueron previstas por ambas cámaras del Congreso de la Unión durante el proceso legislativo de su creación, no fueron resueltas de manera tal que causara certidumbre jurídica a los gobernados.

Me explico, desde la exposición de motivos de 15 de febrero de 2011 de las iniciativas con proyecto de decreto de la nueva Ley de Amparo, los Senadores Jesús Murillo Karam, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Alejandro Zapata Perogordo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, plantearon que el artículo 5° del nuevo ordenamiento legal quedara de la siguiente manera:

“Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo:

(…)

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Los particulares podrán tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando actúen en ejercicio de funciones públicas.”

Esto es, pusieron a consideración del Congreso de la Unión añadir al texto de la nueva Ley que los particulares podrán tener calidad de autoridades responsables, sin embargo tal y como lo había resuelto la jurisprudencia, únicamente en el supuesto de que actuara como autoridad.

El tema fue motivo de discusión en ambas Cámaras del Congreso de la Unión: en la de origen el Senador Tomas Torres Mercado advirtió que se trataba de un tema delicado que habría que analizarse con más detenimiento, ya que la redacción que fue planteada del artículo 5° no podría dejar lugar a interpretaciones que fueran criterios definidos en 10 o 20 años.

De igual forma, en la Cámara de Diputados –revisora- el Diputado Julio César Moreno Rivera advirtió que el texto propuesto en la iniciativa a discusión no señalaba a los particulares como autoridades responsables, sino que únicamente abonada al criterio que se ha venido manejando de que la autoridad responsable es aquel ente que emite actos de autoridad, pues según refirió en su momento; Por su parte la diputada Zuleyma Huidobro González estuvo de acuerdo en que también los particulares violentan derechos humanos, pero se inconformó con el hecho de que se limite la intención cuando el texto del nuevo artículo refiere que solo cuando éstos actúen en ejercicio de funciones públicas, pues finalmente “…un particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones están determinadas en la ley, no es un particular, es una autoridad, ya que la autoridad no es otra que la que determina la ley…” y propuso eliminar dicha limitante del artículo 5°. Finalmente el Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra propuso que fuera eliminada la parte que refiere que los particulares podrán ser autoridades para efectos del amparo, con la finalidad de evitar confusiones que después tendrían que ser resueltas mediante criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo cierto es que con todo y las confusiones advertidas en el proceso legislativo de su creación, el artículo 5° de la Ley de Amparo que entró en vigor el día 03 de abril de 2013 precisa: “Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.”

Por tal motivo resulta trascendente para evitar hacer trabajar innecesariamente a nuestro aparato jurisdiccional, que evidenciemos que no obstante ha cambiado la redacción de la Ley de Amparo de manera tal que pareciera que los gobernados podremos interponer amparos a diestra y siniestra en contra de particulares, lo cierto es que el juicio de amparo sigue siendo procedente únicamente en contra de aquel ente o persona que tenga facultad jurídica para emitir o realizar actos de manera unilateral a través de los cuales afecte la esfera jurídica del afectado sin requerir de su voluntad o aún en contra de ella, es decir, aquella que ejerza una facultad supra a subordinación con el gobernado, pues tal y como refiere el texto del artículo 5°, los requisitos para que un particular tenga calidad de autoridad responsable son los siguientes:

  1. Cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad –unilaterales-.
  2. Que afecten derechos humanos.
  3. Que sus facultades estén determinadas por una norma.

En otras palabras, particular con calidad de autoridad responsable será el que actuando como tal viole derechos humanos mediante actos que creen, modifiquen, extingan u omitan realizar situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia. Por lo que podemos concluir que la Nueva Ley de Amparo lo que plasma es la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de la vigencia de la ley anterior, sin embargo, si la redacción de la misma causó confusión incluso a los propios Órganos Legislativos sin lugar a dudas causará confusión a los gobernados, por lo que el Poder Judicial Federal tendrá que trabajar aún más en dilucidar controversias que se pudieron haber evitado si la redacción de dicho artículo fuera más clara respecto a sus alcances.

 

Lic. Mayra Angélica Sánchez Grajeda

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